La Policía Federal Argentina completó este viernes la extradición de Serkan Kurtulus, un ciudadano turco de 46 años reclamado por la justicia de su país con condena a prisión perpetua dictada en rebeldía. El traslado se realizó el 15 de agosto de 2026, luego de que el proceso judicial local tramitara durante más de cinco años.

Las condenas que pesan sobre Kurtulus en Turquía corresponden a hechos ocurridos entre 2016 y 2017: 28 homicidios, conducción de organizaciones criminales armadas, robo agravado, sicariato, secuestros e infracciones a la ley de armas. Las causas fueron tramitadas y resueltas en rebeldía en territorio turco, según la información difundida por medios locales.

Kurtulus ingresó al país en 2019 pese a contar con una orden de captura internacional vigente. Lo hizo con pasaporte falso. Fue detenido el 11 de junio de 2020 en el barrio porteño de Puerto Madero, junto a un coacusado identificado como Lider Camgoz.

Una vez detenido, Kurtulus planteó ante las autoridades argentinas un pedido de asilo, argumentando riesgo de tortura o muerte en caso de ser devuelto a Turquía. El expediente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2023 rechazó la solicitud y habilitó formalmente el camino para la extradición.

El paso final correspondió al Poder Ejecutivo Nacional: el presidente Javier Milei firmó la autorización de entrega en julio de 2026. La Policía Federal ejecutó el traslado pocas semanas después, el 15 de agosto, cerrando un proceso que se había extendido por seis años desde la detención inicial.

La extradición se enmarca en el tratado bilateral vigente entre Argentina y Turquía en materia de cooperación judicial penal. El caso ilustra el recorrido que siguió la solicitud turca desde la detención hasta la resolución definitiva: instrucción judicial, pedido de asilo, revisión por la Corte Suprema y autorización presidencial.

El expediente de Kurtulus pone de relieve los mecanismos que utilizan personas con alertas internacionales activas para intentar residir en terceros países amparadas en instrumentos de protección. En este caso, el sistema judicial argentino procesó el pedido y lo desestimó antes de habilitar la entrega.