Cynthia Chamoles, de 44 años, compareció ante el fiscal Andrés Quintana para dar su versión sobre las acusaciones que pesan sobre ella y su pareja, Carlos González, de 43, detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

En su declaración, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un "desfasaje" generado por compradores que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar en el último período. Afirmó tener pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de dólares.

Señaló entre los deudores a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. "Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó", declaró ante el fiscal. También mencionó una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

El expediente judicial identifica entre las víctimas a Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También figura el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, con parte del monto abonado mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

Por su parte, González describió en su propia indagatoria un "descalce" financiero de seis millones de dólares. Contó que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. El juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

Según el expediente, al menos 35 personas habrían señado vehículos que nunca recibieron, o dejado unidades en consignación sin cobrar el importe pactado pese a que los rodados fueron comercializados.

¿Cuánto influyó la deuda de los compradores en el colapso de la concesionaria, o fue el desfasaje financiero previo el que determinó el resultado? Los lectores que conocen el rubro pueden dejar su lectura en los comentarios.