La condena contra Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario, comprende cuatro años y seis meses de prisión efectiva y una inhabilitación de igual duración para ejercer su profesión y desempeñar cargos públicos. La causa acreditó que sustraía medicamentos de su lugar de trabajo y los comercializaba por redes sociales para consumo recreativo.

El fallo incluyó cuatro delitos: comercio de estupefacientes por la venta de fentanilo, comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo por el bromuro de vecuronio, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. Este último cargo estuvo relacionado con una pistola encontrada durante uno de los allanamientos.

La resolución surgió de un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Benavídez aceptó los hechos, su intervención, las pruebas de la acusación, la calificación legal y la pena solicitada. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó ese acuerdo en una audiencia realizada el 4 de septiembre. La información aportada no precisa el año de esa audiencia.

Para reconstruir las ventas, la fiscalía analizó conversaciones y mensajes de audio del teléfono de un hombre de 37 años que fue encontrado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. Esos intercambios permitieron establecer que el enfermero ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba su entrega. Según la acusación, las obtenía del establecimiento donde trabajaba desde 2014.

El padre del fallecido había presentado el celular y documentación ante la Unidad Fiscal Rosario. En su denuncia, señaló que su hijo consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero. Ese aporte permitió avanzar con la investigación federal sobre la comercialización de los medicamentos.

La pesquisa inicial por la muerte había quedado archivada en la justicia provincial. La autopsia no logró establecer una causa y el laboratorio carecía de las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, ese resultado no permitió atribuir el fallecimiento a una sustancia específica. La condena informada corresponde a los delitos vinculados con las ventas, las sustracciones y el arma.

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