Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, declaró este martes ante la Justicia y negó haber participado del triple crimen narco de Florencio Varela. La audiencia se realizó por Zoom desde el penal de Marcos Paz, donde quedó detenido tras su arribo a la Argentina en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad e Interpol. Según la información consignada en la causa, el imputado llegó al país el lunes por la noche en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue trasladado de inmediato al complejo penitenciario.

La indagatoria quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Morón, bajo la firma del juez Jorge Rodríguez y con la investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi. En esa instancia, “Pequeño J” estuvo asistido por un abogado particular que se presentó horas antes en el expediente. De acuerdo con el registro publicado en la nota original, el acusado aceptó declarar, aunque se limitó a negar las imputaciones formuladas en su contra. La Justicia federal lo señala como presunto coautor de una de las causas más graves que llegaron a tribunales en los últimos años.

El expediente judicial lo vincula con la muerte de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, tres jóvenes que fueron asesinadas en septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vaettone, en Florencio Varela. Siempre según la reconstrucción publicada, la fiscalía sostiene que las víctimas habrían sido sometidas a un ataque de extrema violencia, con torturas y lesiones de gravedad, antes de ser sepultadas en el lugar. Se trata, sin embargo, de una investigación en curso, en la que la presunción de inocencia sigue vigente hasta una eventual sentencia firme.

Dentro de la causa, los investigadores afirman contar con testigos que ubicarían a Valverde en la escena o en momentos previos a los hechos. Entre ellos aparece Celeste González Guerrero, una de las personas imputadas, además de un testigo de identidad reservada. A partir de esos elementos, la acusación lo encuadra en delitos como privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio criminis causa agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, figuras que podrían derivar en una pena de prisión perpetua si hubiese condena.

La reconstrucción del caso también lo ubica en distintas reuniones previas a los asesinatos. La publicación original menciona un encuentro en Flores con Lara Gutiérrez y otra reunión en Quilmes el día anterior a los crímenes. En ese marco, la investigación sostiene que el acusado habría utilizado una misma vestimenta que luego apareció manchada con sangre en un aguantadero de Isidro Casanova. También se detalla que en ese lugar habría quedado una pistola calibre .40, elemento incorporado al expediente como parte del material secuestrado.

Otro tramo de la investigación lo relaciona con la estructura narco del Bajo Flores. Según el testimonio citado, Celeste Guerrero lo habría señalado como proveedor en la cadena de entrega de tusi y como superior de Matías Ozorio, a quien definió como un “mulo”. Esa descripción forma parte de la hipótesis fiscal sobre el funcionamiento interno de la organización y el rol que cada persona habría cumplido dentro de la presunta red. No obstante, todos esos elementos deberán ser evaluados por la Justicia en las próximas instancias del proceso.

El traslado de “Pequeño J” también llamó la atención por el operativo desplegado. Un equipo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones partió desde Salta para buscarlo en Lima, donde permanecía bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario del Perú antes de ser trasladado. En el vuelo, además, se resolvió que viajara en una aeronave militar argentina, una decisión que, según la información publicada, obedeció a criterios políticos y logísticos. Ya en el avión, el acusado se mostró, de acuerdo con la crónica original, tranquilo y sin incidentes, incluso al mostrar su único tatuaje visible: un búho en el pecho.

Con su declaración ya tomada, la causa sigue avanzando en una etapa clave, con nuevas medidas por delante y una investigación que continúa reuniendo testimonios y pruebas. ¿Cómo debería actuar la Justicia frente a causas de esta magnitud para garantizar verdad, debido proceso y seguridad pública?