El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón. El magistrado integra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro y ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

El origen del proceso se remonta a julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la denuncia con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de esa denuncia se abrió un sumario administrativo y también una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando inicio al trámite formal del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

El Ministerio Público Fiscal formuló seis imputaciones contra García Maañón. El primer cargo refiere a acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres. El segundo apunta a malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias. La tercera imputación señala el uso de recursos del Estado para beneficio personal. El cuarto cargo involucra un trato irrespetuoso hacia superiores y el empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación. El quinto alude a presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra. El sexto atribuye al magistrado una delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El jury está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso continúa ahora con el análisis de los cargos y la evaluación de las pruebas aportadas.

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