El nuevo régimen penal juvenil para adolescentes en Argentina comenzó a regir este sábado, 180 días después de que la ley 27.801 fuera publicada en el Boletín Oficial. La reforma reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito.

La privación de libertad queda reservada para los casos más graves, entre ellos los homicidios. Para esos supuestos, la ley contempla tres modalidades: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima para menores es de 15 años, aunque los dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que en la práctica reduce el encierro efectivo a un máximo de diez años.

Para delitos de menor gravedad, como hurtos y robos sin armas, la norma habilita sanciones alternativas al encierro. Incluso en casos de robos agravados con armas de fuego, los jueces conservan la facultad de reemplazar la prisión por medidas como tobilleras electrónicas, prohibición de asistencia a determinados lugares o, en situaciones extremas, separación del menor de su entorno familiar si se acredita que ese entorno fomenta la actividad delictiva.

Para aplicar la pena alternativa, la ley exige dictamen pericial favorable, conformidad del Ministerio Público Fiscal y que se haya escuchado a la víctima. Además, el adolescente no debe registrar condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.

Desde la sanción de la norma en el Congreso hasta su entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance del nuevo régimen por razones de edad al momento de los hechos. Entre los casos que no alcanzará la ley figura el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial pero no enfrentarán proceso penal ni condena. Bajo el esquema anterior, un menor considerado inimputable podía quedar internado en un instituto solo hasta los 18 años, sin registro de antecedentes.

Autoridades con responsabilidad en la gestión de establecimientos de detención juvenil esperan reorganizar la distribución interna por franjas etarias, separando a los detenidos de 14 y 15 años de los de 16 y 17. No anticipan una avalancha inmediata de ingresos, aunque sí prevén mayor carga de trabajo en los juzgados de menores.

¿Cómo debería adaptarse la infraestructura judicial y de contención para recibir a adolescentes de 14 años dentro del sistema penal?