El Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz abrió sus puertas tras la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento, construido sobre un predio de 80 hectáreas, tiene capacidad para alojar a 2.232 detenidos en cuatro unidades de máxima seguridad.

El traslado se ejecuta en etapas bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Comando Unificado. El operativo incluye la vigilancia de establecimientos y corredores viales, la custodia de los internos y la protección del personal afectado y de la población civil a lo largo del recorrido.

El proyecto del nuevo penal se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre ambas jurisdicciones. La obra fue paralizada en 2020 y reactivada en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y habilitación para recibir internos de máxima seguridad.

La Procuración Penitenciaria de la Nación señaló que el traslado resultó "intempestivo" y advirtió que la falta de información oficial dificultó su labor de contención con las familias. "Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas", indicó el organismo. Ante esa situación, presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia para tratar el tema. Representantes de la Procuración ingresaron a Marcos Paz para dialogar con las autoridades y verificaron, mediante llamadas de los detenidos a sus familiares, que no se registraron actos de violencia.

El organismo también advirtió que el aspecto más sensible es la continuidad educativa de los alumnos del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro. Según la Procuración, trasladarlos en medio del cuatrimestre "pone en riesgo directo su continuidad académica y el derecho a la educación".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que el operativo no garantizó previamente la continuidad de los estudios universitarios ni informó con precisión a los detenidos, sus familias y defensores sobre los detalles del traslado.

Una vez que el penal de Villa Devoto quede desocupado, el predio será urbanizado. El Código Urbanístico de la Ciudad lo encuadra como "Distrito de Urbanización Futura", lo que obliga a desarrollar un plan de conjunto previo. La normativa establece que deberá incluir espacios verdes y un sector destinado a la memoria por la masacre del Pabellón 7, ocurrida en 1978, cuando murieron 65 internos en un incendio.

Los cupos restantes en Marcos Paz se destinarán a presos alojados actualmente en comisarías y alcaidías de la Ciudad, una vez concluido el traslado desde Devoto.

¿Cómo debería gestionarse el proceso para garantizar los derechos educativos y el contacto familiar de los detenidos durante los traslados?