La quiebra de Algodonera Avellaneda, declarada el 14 de octubre, dejó a un grupo de trabajadores suspendidos y sin percibir sus salarios. Representantes sindicales reclamaron definiciones sobre el futuro del personal y pidieron agilizar los trámites para acceder al fondo de desempleo.

Según explicó la sindicatura, los contratos laborales no se extinguieron automáticamente con la quiebra: existe un período legal de 60 días durante el cual deberá resolverse la situación de cada empleado. Parte del personal podría continuar si se concreta la venta de la empresa; otros quedarían desvinculados con derecho a indemnización.

La empresa llegó a la quiebra con apenas 2 millones de pesos en sus cuentas bancarias, unos 104 millones en cheques y otros valores, y casi 93 millones pendientes de cobro. Además, arrastraba 32 millones de pesos en facturas impagas a proveedores y deudas con la empresa proveedora de energía eléctrica. Una operación bancaria que no pudo concretarse demoró incluso el pago de una quincena salarial.

Para obtener fondos destinados a las indemnizaciones, el proceso judicial apunta a vender activos que no forman parte de la actividad productiva: un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, que enfrenta una traba por una investigación penal, y un predio en El Colorado, provincia de Formosa.

Al mismo tiempo, se busca mantener la planta de Reconquista en funcionamiento durante la transición. Una de las empresas que opera las instalaciones mediante contratos de fasón manifestó disposición a continuar, aunque condicionó su continuidad a que se respeten los precios pactados y a que se realicen inversiones para reducir los costos energéticos. Se estima que la incorporación de nuevos compresores demandaría entre 100.000 y 120.000 dólares, aunque no hay un estudio definitivo sobre el monto total necesario.

El proceso prevé identificar posibles compradores antes de fin de año. Aún no está definido si se venderá la empresa en su conjunto o si se ofrecerán las unidades productivas por separado.

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