La jueza federal María Servini dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins por lavado de activos y un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes. La resolución analiza su presunta intervención en operaciones destinadas a incorporar al circuito económico legal dinero obtenido mediante la explotación sexual de mujeres.

La discusión entre la defensa y el juzgado tuvo como uno de sus ejes las fechas de las operaciones investigadas. Martins rechazó responder preguntas durante la indagatoria, aunque entregó una presentación escrita en la que solicitó el sobreseimiento o, como alternativa, la falta de mérito.

En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que le atribuyen, vinculadas con adquisiciones de propiedades y administración de sociedades, correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012. Según su planteo, eran anteriores al período del delito de explotación sexual que consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

También afirmó que ese antecedente se limitaba al establecimiento de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Respecto de otros nueve locales, aseguró que las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini consideró que había elementos suficientes para avanzar con el procesamiento. Explicó que una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada posteriormente para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. Por eso, entendió que la fecha de constitución de las empresas no bastaba para descartar las maniobras.

La magistrada evaluó en conjunto la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Según su resolución, Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aunque no apareciera registrado como su beneficiario final.

El expediente tuvo su inicio el 6 de marzo de 2013, después de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Martins, exintegrante de la SIDE de 77 años, había sido detenido en México en 2019. Su traslado a la Argentina desde Cancún estuvo a cargo de personal del Departamento Interpol de la Policía Federal.

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