En una reunión interna celebrada la semana del 13 de octubre, el director ejecutivo de OpenAI planteó a sus empleados tres posibles desenlaces para la competencia mundial por desarrollar inteligencia artificial de frontera, y anunció que la empresa definirá en el plazo de un año cuál de esos caminos impulsará formalmente.

El primer escenario, que Altman presentó como su preferido, consiste en crear un organismo internacional de supervisión con atribuciones similares a las del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ese cuerpo auditaría los sistemas más potentes antes de su lanzamiento y controlaría el consumo global de capacidad de cómputo.

El segundo escenario, apodado internamente "plan Demis", propone fusionar a los principales laboratorios en una sola organización al estilo del CERN, el centro europeo de investigación nuclear. La lógica es que, sin competencia entre laboratorios, desaparecería el incentivo de lanzar sistemas cada vez más potentes sin controles de seguridad suficientes. Una versión reducida de esta idea ya está en marcha: OpenAI, Google y Anthropic trabajan en un organismo de autorregulación llamado Standards Authority for Frontier AI (SAFA), cuyo lanzamiento está previsto para fines de 2026 o principios de 2027. Meta y Nvidia se oponen porque, según argumentan, protegería a los tres laboratorios más grandes frente a competidores más pequeños.

El tercer escenario, al que Altman llamó "plan Eliezer", describe una situación en la que un solo desarrollador logra construir primero un sistema capaz de mejorarse a sí mismo de forma recursiva. Esa ventaja acumulativa le permitiría, en la práctica, cortarle el acceso a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) a todos sus rivales. Altman describió esa posibilidad como "derretir las GPU" de las demás empresas y la calificó de "terrible", aclarando que la incluyó en la presentación por integridad del análisis, no como propuesta.

La advertencia se produce mientras OpenAI avanza en paralelo en una posible salida a bolsa y respalda el proyecto Stargate, una apuesta de infraestructura de cómputo que contempla asegurar diez gigavatios de capacidad con una inversión asociada de 500.000 millones de dólares.

En el plano regulatorio, ninguno de los marcos vigentes aborda directamente el riesgo de concentración extrema de poder de cómputo. El acuerdo firmado en septiembre en la Casa Blanca no incluye mecanismos de cumplimiento obligatorio, y la Fuerza de Superinteligencia del gobierno de Estados Unidos descartó explícitamente impulsar nueva legislación.

¿Cuál de los tres escenarios le parece más realista, y qué papel debería tener la regulación pública en ese proceso?